Aún no tenemos plan urbano. Todas las bendiciones que decían que tenía se van tornando inconvenientes. El caso es que, salvo a algunos políticos locales, a los demás, es decir a la mayoría de riosellanos, nos parece que al PGOU más que agujeros lo que le asoman, tierra, mar y aire, son las vergüenzas.

Algunos llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que los llamados convenios no son tales. De hecho son meros acuerdos de “tratantes” según los cuales la parte política del trato redactó y tiene la intención de aprobar una ley de urbanismo (PGOU) y la parte promotora y privada del trato se compromete a realizar una serie de actuaciones. (La democracia permite esta circunstancia perversa: que tomen decisiones sobre urbanismo quienes tienen intereses directos). Sin embargo vamos advirtiendo un día sí y otro también, lo difícil que resulta dar forma legal a esos tratos, ya que una cosa es aprobar en una sesión plenaria un PGOU y otra es acreditar y garantizar que las infraestructuras, por las que se aprueba dicho plan, se llevarán a cabo efectivamente, con independencia de que lo acordado en los mal llamados convenios se circunscribirá a sus zonas pero nunca irá más allá.

Pero las vergüenzas como las desgracias nunca vienen solas. Nos vamos enterando desayuno, comida y cena, de que los terrenos en donde “presuntamente” se iban a acometer tales promesas ni siquiera son propiedad de la parte con quien los políticos locales están realizando los tratos. Así pues esas infraestructuras: La circunvalación por el Pochacu (ronda este), la ciudad deportiva (zona de Oreyana) o los aparcamientos difícilmente podrán realizarse. Y la vergüenza aumenta al observar el agravio en que incurren los políticos locales cuando están negociando con quines no son dueños de dichos terrenos, menospreciando a los vecinos auténticos titulares. El asunto es de digestión pesada para cualquier riosellano.

Ribadesella va a crecer más del doble de las viviendas que tiene en la actualidad. Pero en ningún momento hemos oído que alguien haya planteado un talante político sobre el urbanismo ni sabemos la incidencia que pueda suponer dicho crecimiento en la economía local. Dicho sea que el único informe pertinente solicitado es el llamado EIA (Estudio de Impacto Ambiental), encargado a una empresa dirigida por la misma persona que ha encabezado el diseño del PGOU. Y dicho sea que (en estos momentos) aún no se conoce ningún informe favorable emitido por los técnicos municipales. Ese talante político nos demostraría dos cosas: una que existe al menos un plan previo (con el que se podría o no estar de acuerdo), y dos que tendríamos una estrategia sobre las necesidades urbanas de un municipio para poder entablar negociaciones, si es preciso, con quien fuere (y que yo desde aquí no niego).

Si observamos los municipios vecinos sólo como reseña vemos variantes o circunvalaciones ya construidas ya licitadas, campos de fútbol de hierba artificial, piscinas cubiertas, macro-traídas de agua de necesidad perentoria y de igual necesidad vital los saneamientos de los pueblos, como del mismo modo macro-aparcamientos… Estas infraestructuras públicas garantizadas y a su vez realizadas por la entidad pública pertinente en otros municipios, en Ribadesella son fruto de moneda de negociación a través de esos acuerdos en virtud de los cuales se ha hecho y se va a aprobar un PGOU.

¿Qué clase de gestión se está llevando a cabo desde el gobierno municipal con respecto a la inversión pública? La respuesta en Ribadesella nos la cantan desde hace unos lustros: Ante la necesidad de infraestructuras que no me hacen, las negocio con el virtuoso urbanismo. Es una pescadilla que se muerde la cola en la que todas las partes salen beneficiadas. Pues bien ante esta circunstancia que se da de facto no me extrañaría que los ciudadanos riosellanos solicitaran un excepción fiscal amparándose en la proporcionalidad de los impuestos que deberían repercutir en infraestructuras básicas para su concejo y no repercuten en él (sirva de ejemplo el canon de saneamiento); y máxime si tenemos en cuenta los ejemplos de los municipios vecinos.

Este tipo de actuaciones, estas maneras de actuar suenan a decadencia y demuestran que el urbanismo es el primer síntoma de que Ribadesella y me atrevería a decir que la comarca del Oriente empiezan a morir de éxito.

La clave está en la solvencia económica de estos pequeños municipios, ya sea dotándolos de mayor financiación ya sea aliviándolos de las cargas que soportan manteniendo servicios que no les corresponden. Pero con independencia de estas claves en Ribadesella no se han visto ni objetivos ni estrategias para enfrentarse a esta realidad.

Creo que el prioritario objetivo es que la base de construcción no debería sobrepasar las tres mil viviendas de manera que el plan urbano a desarrollar, precisamente por ese crecimiento limitado, tendría así un límite temporal durante el cual su revisión siempre sería posible en el caso de que el crecimiento desbordara las expectativas iniciales. De esta manera la fuerza de negociación siempre estaría del lado público, es decir del Ayuntamiento que siempre dispondría de más terreno (no como ahora, pues todo está en manos de dos o tres promotoras) y a su vez sería el propio Ayuntamiento el que fuera viendo a lo largo del desarrollo de dicho plan las necesidades reales de crecer o no, el modo de ese crecimiento, los lugares hacia dónde deberíamos crecer etc. etc. Estos serían los auténticos objetivos y la estrategia a seguir en mi modesta opinión: de una parte una mayor capacidad de financiación en los municipios, de otra una visión estratégica y unos objetivos acordes al entorno en el que nos movemos: es decir una limitación en el número de viviendas y por tanto una limitación en el desarrollo del plan.

A estas alturas del curso todo el mundo sabe que la política urbanística tiene el enorme poder de decidir quién se hace con tal o cual terreno para edificar, es decir quién va a hacer dinero. Y eso es mucho poder. Y por esa misma razón da la sensación de que las políticas urbanísticas no es que se hagan mal sino que se hacen con maldad, cosa bien distinta. Y ante este hecho las protestas son escasas: los gobiernos locales porque cobran las licencias, las demás administraciones porque se ahorran las infraestructuras y todos porque cada cual en su medida mantiene un estatus de poder que ese urbanismo les ha concedido.

Se quiere aprobar el PGOU en su fase inicial. Y para ello nos dirán que el plan supone: poner en valor nuestro territorio, aumentar el empleo, desarrollar el turismo sostenible, mejorar el nivel de vida… Eso nos dirán, pero no dirán que los precios de las viviendas no bajan ni que nuestro municipio estará plagado de hormigón y asfalto, todo lo cual redundará en el endeudamiento individual y en la hipoteca futura de nuestro modo de vida. El sistema democrático va a permitir que este plan se apruebe, dada la mayoría absoluta del PP, pero los riosellanos deberíamos oponernos a un PGOU que comporta un urbanismo de destrucción masiva.

J.L.DÍAZ y UN GRUPO DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES SOCIALISTAS